Raúl Pineda (Abogado). Analiza Caso Kafie

“Para quedar bien con el público”, se dictó prisión preventiva a empresario. La Ley y el combate a la corrupción en el país, debe aplicarse indistintamente pero con objetividad y respeto al debido proceso, señaló el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado, al referirse a los juicios que promueve el Ministerio Público, en los casos ligados al Seguro Social y al empresario Schucry Kafie. Pineda señaló que el delito por el cual se le acusa al empresario Kafie, “no requiere prisión preventiva» y que los entes judiciales han perdido objetividad y están actuando para quedar bien “con el gran público». “La situación que prevalece en el país motivada por las presiones de las marchas de los diferentes sectores, ha empujado al Ministerio Público, a ejecutar varias diligencias para combatir la corrupción”, sin embargo, señaló, deben actuar con más objetividad. Recomendó, en este caso y otros que el Ministerio Público “debe ser muy objetivo en sus acciones y entender que debe actuar con rapidez porque el tema ante la corrupción tiene más de 200 años de agobiar nuestra sociedad debe ser resuelto a manera que se aplique la ley indistintamente». En tal sentido, como falta de objetividad señaló el caso ligado al empresario Kafie, porque este presentó una fianza en el marco de sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 93 y la juez se negó aceptarla por atender una “agenda obsequiosa, solo por quedar bien con el gran público”. Asimismo reconoció que estas situaciones son inéditas y que nadie las esperaba, considerando la trayectoria de la impunidad en el país, pero que hay que ejecutarlas en el marco y el respeto de la ley. Pineda consideró de positiva la posición del COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ante el caso del empresario Schucry Kafie, porque este organismo siempre reacciona cuando se “siente golpeada o amenazada en sus intereses”. “El reclamo es justo del COHEP”, señaló Pineda, al referirse al comunicado emitido sobre el caso de Kafie, “porque el delito que se le acusa, el delito no requiere prisión preventiva y si rinde una fianza o se produce una conciliación con el Estado no necesariamente esta persona debe estar recluida, sino hasta el momento que se dicte una sentencia”. Aunque la reacción del COHEP la consideró “tardía”, hay que valorarla con respeto a la ley, porque “la ley es un sistema de seguridad para todos y cuando se quebranta la ley afecta la seguridad de toda la ciudadanía Unos más afectados que otros”, señaló el analista y abogado. Sobre las marchas en las calles, dijo que es un fenómeno interesante, ligado a una reinversión de la política que reclama sin violencia y que el Gobierno debe considerarla.
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